Luego de presentar la denuncia ante el Congreso de Guerrero contra el gobernador del estado, Rogelio Ortega Martínez, el Consejo de Juristas del Estado de Guerrero, que coordina Alfredo Pérez Zárate, señaló que se le debe enjuiciar políticamente para que responda por varias irregularidades que ha cometido en las que destacó: Ejercicio indebido de la función pública, peculado, desvío de recursos etiquetados para fines distintos a los que han sido destinados por la Federación, enriquecimiento ilícito, violaciones reiteradas al principio de legalidad y violaciones graves a la constitución general del Estado, además de aprobar matrimonios entre personas del mismo género sin modificar el Código Civil estatal, y por violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En conferencia de prensa, los juristas indicaron que por su fuero constitucional, el jefe del Ejecutivo estatal solamente puede ser acusado y procesado por delitos graves, como pudiera ser homicidio, de acuerdo con la Constitución, pero que se le puede iniciar un juicio de procedencia (político) ante el Congreso, para que una vez desaforado, se le puedan fincar responsabilidades como las ya señaladas.
"Para que puedan fincarle responsabilidades penales a Rogelio Ortega, se necesita que le inicien primero un juicio de procedencia en el Congreso del Estado, para quitarle el fuero y luego irse sobre sus conductas que pudieran ser delictivas, en primer lugar, por el ejercicio indebido del propio derecho, enriquecimiento ilícito por meter a la nómina a sus parientes y compadres que también trabajan en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), peculado porque está desviando de manera arbitraria recursos presupuestales ya programados, de procedencia federal o estatal para determinadas obras o programas que no se ejercen como fueron etiquetados, entre otras cosas que ya sobrepasaron los límites de la desvergüenza, expuso Pérez Zárate".
Por otro lado, dijo que el gobernador está obligado a respetar y hacer respetar el estado de derecho, "pero allanó la ley al casar a personas del mismo sexo sin haberse reformado antes el Código Civil del Estado, porque existe una jurisprudencia que establece el casamiento que no es vinculatoria de oficio en el Estado, el código Civil Estatal establece que el matrimonio es entre un entre un hombre y una mujer, por lo tanto esas bodas entre personas del mismo género son ilegales ya que ni siquiera agotaron el procedimiento jurídico del amparo para invocar el respeto a sus derechos humanos generando el acto reclamado, fue un acto populista el que encabezó el ejecutivo".
Abundó que con base en la Ley Federal de los Servidores Púbicos, a Ortega Martínez se le puede inhabilitar por incurrir en varias irregularidades y omisiones, al no resolver tampoco problemas graves que enfrenta el estado, como la violencia e inseguridad, el conflicto magisterial, las policías comunitarias y autodefensas, los transportistas y otros. "Su postura de “tolerancia extrema” ha generado ingobernabilidad y vacío de poder", acotó.
Para finalizar, el coordinador de los juristas añadió que quien puede iniciar la acción legal para promover el juicio de procedencia al gobernador sería el fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Gómez; el ombudsman estatal, Ramón Navarrete Magdalena, en su calidad de organismos constitucionales autónomos y el propio Congreso del Estado, presidido por Bernardo Ortega Jiménez, donde también se podrían sumar organizaciones políticas y ciudadanas.